Toque de Queda

GUSTAVO VALENZUELA

Director del Semanario Descierto

Las arbitrariedades de la Armada y la Policía

Gerardo Figueroa Zazueta, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Congreso del Estado presentó un exhortó para que la Federación Intervenga en el conflicto de pescadores, cuyo delito es exigir la posibilidad de trabajar, pero no cuentan con permisos para ello, puesto que los existentes están acaparados por empresarios.
Presentó un video que no deja lugar a dudas: Además de su desesperación por llevar sustento a sus familias, los pescadores, fueron víctimas de la prepotencia, atropellos y abuso de autoridad por parte de esa instancia de gobierno.
El legislador por el Distrito II fue prudente y no quiso señalar culpables de un hecho por demás criminal cometido por personal de la Armada de México en complicidad con personal de Conapesca, quienes pusieron en riesgo la vida de un trabajador del mar, que vio como parte de su patrimonio se hundía en las aguas del Mar de Cortés al pasarle por encima una fragata.
Meses antes, un grupo de pescadores fueron reprimidos en está capital por policías municipales que se excedieron en sus funciones, pues además de violentarles el derecho de manifestarse, les propinaron una golpiza.
La razón es la misma, los pescadores exigían a las autoridades federales permisos para poder sustraer callo de hacha y se le negó la oportunidad de trabajar.
Es triste y lamentable como la burocracia de nueva cuenta se vuelve un mal innecesario en el país y en el estado.
No hay sensibilidad ni flexibilidad de funcionarios federales, que atacan con un canibalismo tal que sorprende en unos reglones, sobre todo porque hay otras áreas y no referimos a la seguridad, donde no les queda otra más que doblar las manitas y agacharse, en una llamada guerra contra el narco, cuyo error es pensar que se va arreglar todo a balazos y con el derramamiento de sangre.
Más allá del fondo del asunto, es vergonzante observar a las autoridades, en este caso municipales y federales, como pisotean los derechos de los trabajadores del mar a quienes le aplican todo el rigor de la ley, pero para ello cometiendo actos tan aberrantes, que constituyen delitos del orden penal.
Lo justo deber ser siempre legal y desde luego llueven las preguntas ¿se cumplió los pasos establecidos por la ley?; ¿debemos los periodistas y ciudadanos hacernos de la vista gorda y no opinar?; ¿Cuántas víctimas y atropellos deben ocurrir para solucionar el conflicto?
Que bueno que David Galván, presidente de la Comisión de Seguridad no salió, como ya se ha hecho costumbre, a defender lo indefendible.

Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala, bésala

Al mero estilo de Enrique El Perro Bermúdez, los diputados de la Alianza PRI, PANAL, Verde Ecologista volvieron a ejercer su mayoría en la designación de la nueva mesa directiva en el Congreso del Estado, con la llegada de Vicente Solís Granados como presidente en el mes de junio.
La oposición encabezada por panistas y perredistas-pintados de azul- patalearon como cada vez que cambia la mesa directiva.
Como ya se ha hecho costumbre, a los diputados del PAN los volvieron a chamaquear.
En mayo todo estaba listo u consensuado para que fuera el presidente del congreso Reginaldo Duarte Iñigo, pero los mismos profes- Madero, Figueroa, Córdova Bonn- lo batearon, porque Enrique Reyna cambió la mesa directiva tal y como ya estaba hablado.
En esta ocasión se quedó chiflando en la loma Sara Martínez de Teresa, víctima de la vagancia política de los legisladores de la Alianza, quienes aun con las diferencias que pudieran tener con su coordinador son mucho más astutos a la hora de operar y pactar supuestos acuerdos.
Se las volvieron hacer y hasta con testigos. A no ser que pase algo extraordinario la misma película la volveremos a ver en los próximos 15 meses. Fue una sesión de dimes y diretes, donde del plato a la boca se les cayó la sopa.
Para la oposición en el poder legislativo, los tienen secuestrados, para los aliancistas es la forma y fondo, de manifestar su mayoría. Lo mejor es que hay un Congreso del Estado que respira y da señales de vida, aun cuando sólo se haga sentir para pelear la presidencia.
Las Fiestas del Pitic teñidas de sangre
Los cobardes asesinatos de un policía y un menor en las inmediaciones de Palacio Municipal la madrugada del pasado domingo, establecen claramente el nivel de corrupción en la Policía Municipal, que inexplicablemente aun dirige El Tata Carlos Huerta Robles.
Con total impunidad, los sicarios rociaron de plomo el vehículo de Julio Adrián Paz Robles, Policía Municipal del municipio de Tubutama, convertida en una jungla donde mandan las dos células de los cárteles que a sangre y fuego se disputan la región.
Desafortunadamente en el ataque falleció el menor Jorge Luis López Celaya y resultaron heridos de gravedad una niña de nombre Paulina Guadalupe López Celaya y una mujer identificada como Guadalupe Celaya Varela, todos con domicilio en El Sáric, otro municipio donde reina la ingobernabilidad y donde aseguran hay varios desaparecidos.
Esta es la inseguridad que nadie quiere reconocer y será sin duda otro de los cientos de casos sin resolver, porque como ya es común, en la Procuraduría General de Justicia del Estado archivaron los expedientes con el simple hecho de ligar las cosas al crimen organizado.
¿Dónde estaban los policías municipales especializados en asaltar borrachos y parejitas?, ¿por qué no actuaron de inmediato en una zona que goza de vigilancia las 24 horas del día?
No va a ver respuesta, cómo tampoco las dieron las autoridades en Caborca donde un jefe policiaco de Altar fue atacado por un comando armado, siendo testigos y espectadores de los hechos tres agentes de seguridad pública de ese municipio.
Por qué Rafael Rivera Vidrio, alcalde de Altar no notificó a las autoridades federales sobre el origen de los atentados, será por las mismas razones que las autoridades norteamericanas le negaron su visa cuando fue a renovarla, o por los antecedentes que en el futuro le impedirán su estancia en el Congreso del Estado, silla que sin duda ocuparán Hernán Méndez Oroz o Jorge Trevor Pino, quienes actuaron con legalidad y sin convertir el gobierno en una empresa familiar.